Casi la mitad de las 51 mil armerías abiertas en Estados Unidos -el 46.7 por ciento, unas 23 mil 800-, subsiste por la demanda mexicana de armas, que luego se introducen ilegalmente al país en un volumen capaz de poner un arma de fuego en uno de cada tres hombres adultos en el país, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En la cámara baja existe también un estudio de la Sedena, que señala que por los cuatro puntos fronterizos solamente del estado de Sonora, se realizaron decomisos de 5 armas cortas; 34 largas; 268 cargadores para diferentes calibres, y 67 mil 185 cartuchos útiles.
El diputado federal Jorge Alcibíades García, impulsa una iniciativa para imponer de 10 a 50 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa -de 103 mil a 515 mil pesos aproximadamente-, al servidor que, estando obligado por sus funciones a impedir esa introducción de armas de fuego, no lo haga.