Este viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dió por bueno en lo general el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba los Lineamientos para la organización de la revocación de mandato.
En lo particular se rechazaron las propuestas del PAN y PRI para incluir en el proyecto la posibilidad de verificar las organizaciones que van a levantar la encuesta.
La consulta para revocación de mandato se realizaría en marzo del próximo año, la cual según el proyecto tendría un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos.
Será el Instituto quien deberá convocar a una eventual Revocación de Mandato a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, a 3 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.
En estos lineamientos se establecen directrices que dan claridad sobre las acciones que realizará el INE en materia de organización e integración de las mesas directivas de casilla, difusión, documentación, escrutinio y cómputo de los resultados. Asimismo, incluye reglas para la observación, atención de visitantes extranjeros y el papel de los partidos políticos en este ejercicio.
Los lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato aprobados por el INE contemplan la instalación de 161 mil casillas, para lo que se requerirá 5 mil 430 supervisoras y supervisores electorales, 32 mil 421 capacitadores asistentes electorales, para lograr contar con más de 484 mil funcionarias y funcionarios de estas casillas que se requerirán.
Este documento considera la posibilidad del voto de las y los mexicanos residentes en el exterior por Internet, así como los cómputos el mismo día de la Jornada Electoral y la implementación de un Conteo Rápido el mismo día.
Adicionalmente se establece el uso de una aplicación móvil para recolectar las firmas necesarias para que el INE pueda convocar a este mecanismo de participación directa.
Respecto a la participación de los partidos políticos, los lineamientos establecen que éstos podrán realizar propaganda siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello, ni contraten propaganda en radio y televisión, lo cual está prohibido constitucionalmente; sin embargo, sí podrán utilizar los espacios asignados como prerrogativas para fijar su postura sobre la Revocación de Mandato.