spot_img
InicioGobierno del Estado de SonoraLa Contraloría del Estado ha presentado cinco denuncias penales contra la administración...

La Contraloría del Estado ha presentado cinco denuncias penales contra la administración anterior.

Un total de cinco denuncias penales y siete por faltas administrativas han arrojado hasta el mes de abril las 17 auditorías especiales que se llevan a cabo en 14 dependencias de la pasada administración del gobierno del estado, informó el titular de la Contraloría General del Estado, Guillermo Noriega Esparza.

Puntualizó que las denuncias penales se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) y Fiscalía General de la República (FGR) y corresponden al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), Comisión de Fomento al Turismo, Centro de Trasplantes, Telemax y de manera conjunta a Hacienda, DIF, Sidur, Cofetur y Sedesson; estas últimas por los casos Operación Safiro y Estafa Maestra.

“Están en investigación (las cinco denuncias penales) esto va a llevar obviamente actuaciones ministeriales por parte del Ministerio Público, ellos buscaran confirmar cada uno de los hechos que les hemos denunciado, y entonces pasar al poder judicial para su judicialización; eso puede ir desde delitos menores hasta delitos graves, pueden ser cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos, peculado”, expuso.

Respecto a las faltas administrativas precisó que en el caso de la Dirección General de Transporte es por irregularidades en la otorgación de permisos eventuales; en la Comisión de Vivienda por otorgamiento de terrenos estatales por concepto de donación a diferentes ejidos en cuatro municipios; y en la Secretaría de Gobierno por otorgamiento de patentes de notarías de forma irregular.

Agregó que en la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones es por irregularidades en el manejo de los ingresos por la venta de bienes inmuebles; y en Telemax por irregularidades en el pago de proveedores.

Noriega Esparza también presentó la nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado, de la cual destacó la retención del salario a los servidores públicos que no presenten su declaración patrimonial en mayo, y elevar a delito grave los casos de nepotismo.

Se Presenta nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones

En Sonora el combate a la corrupción es amplio, no se tolera y se libra día con día, aseguró Guillermo Noriega Esparza, secretario de la Contraloría General durante la presentación de la nueva Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado.

En conferencia de prensa, el contralor estatal explicó que la nueva legislación brinda herramientas fundamentales a la Contraloría General para realizar su labor, siendo una de ellas la omisión de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Issteson) y el enriquecimiento ilícito como falta grave.

Asimismo, comentó que Sonora innova a nivel nacional siendo el primer estado de la República en el que las y los empleados públicos que no presenten su declaración patrimonial, que tiene por objeto brindar transparencia al patrimonio de quienes laboran en la administración pública estatal, se les retendrá su salario hasta que la presenten.

“El combate a la corrupción es una apuesta global y no se ciñe únicamente a meter a alguien a la cárcel; el combate a la corrupción es amplio, no se tolera, no la estamos administrando, estamos combatiéndola en el día a día, en evitar decisiones irregulares, en evitar discrecionalidad, en evitar poca transparencia” aseguró el Contralor estatal.

Se amplía la prescripción de faltas administrativas

Noriega Esparza aseguró que las y los empleados públicos no podrán obstruir la justicia por razón de inactividad procesal que abonó a los niveles de impunidad en el estado, por lo que la nueva ley amplía la prescripción de faltas administrativas pasando de 3 a 5 años en las faltas no graves y de 7 a 9 en las graves.

Nepotismo

La ley también contempla la figura de nepotismo para evitar se designe de manera directa o indirecta a personal, con lazos de parentesco, en cargos públicos por consanguinidad hasta en cuarto grado, de afinidad hasta segundo grado y los vínculos de matrimonio o concubinato.